Urbanismo

Urbanismo

España es un país con un desarrollo metropolitano relativamente reciente, que tuvo su primera explosión urbana a mediados del siglo pasado, entre 1950 y 1975, y que en los años más recientes ha vivido el conocido ‘boom inmobiliario’, basado en un crecimiento y ocupación del territorio desmesurados, en un corto período de tiempo, caracterizado por su dispersión en el territorio y por la ausencia de mecanismos u organismos que actuasen con carácter supramunicipal y regulasen ambientalmente dicho desarrollo.

Esta inadecuada planificación urbana – especialmente la acaecida desde principios de la década del 2000 – ha estado motivada por intereses económicos que vieron en la construcción una actividad propicia para la inversión que pretendían únicamente beneficios cortoplacistas. La consecuencia más evidente de la falta de planificación ha sido la denominada burbuja inmbiliaria, que hizo aumentar de forma sostenida los precios de la vivienda a tasas muy superiores a las del IPC y las del crecimiento de los ingresos de los hogares desde finales de la década de los 90 del siglo pasado hasta agosto de 2007. Esto ha dificultado considerablemente el acceso a la vivienda a los jóvenes y a las familias con bajos ingresos durante buena parte de la pasada década y es desde 2008 una de las causas fundamentales, además de la crisis financiera y económica global, de las elevadas tasas de desempleo que registra nuestro país en la actualidad. Además, ha generado una serie de consecuencias negativas adicionales desde el punto de vista de la planificación urbana:

 

  • Nuevos desarrollos urbanos ‘fantasma’, donde diferentes causas aisladas o en su conjunto (falta de comunicación, precios elevados, escasez de equipamientos, etc.) han provocado que no exista demanda y apenas haya habitantes en las viviendas.
  • Problemas en el abastecimiento de servicios básicos. La recalificación de suelos y el desarrollo de nuevos núcleos urbanos sin planificación urbana alguna han provocado que recursos tan básicos como el agua no puedan abastecerse a los nuevos desarrollos urbanísticos una vez terminados.
  • Incumplimiento de leyes, como es el caso de la ley de Costas. El desarrollo urbano se ha caracterizado en España por el desplazamiento hacia las grandes ciudades y hacia las zonas costeras, donde con frecuencia los desarrollos urbanísticos han incumplido leyes como la de Costas.
  • Problemas de aislamiento poblacional. Con el fin del ‘boom inmobiliario’, el descenso de los fondos destinados al desarrollo de infraestructuras y el endeudamiento de municipios y comunidades autónomas, algunos nuevos barrios no han cubierto las expectativas iniciales y, entre otras circunstancias, han quedado aislados de los desarrollos urbanos existentes en términos de infraestructuras de comunicación pero también de abastecimiento (agua, luz, etc.) o equipamientos (colegios, centros de uso público, etc).
  • Enorme dependencia del vehículo privado en los barrios de la periferia, especialmente en las áreas metropolitanas de grandes ciudades como Madrid y Barcelona, provocando graves problemas de movilidad y de calidad y salud ambiental. El transporte público no siempre ofrece una alternativa atractiva, en términos de frecuencia de paso y tiempo de viaje, a los residentes de los núcleos urbanos periféricos. Esta problemática puede amplificarse con la subida del precio del combustible, con el riesgo de que la población envejecida o de escasos recursos quede aislada en barrios de la periferia.
  • Proliferación de problemas sociales en el casco histórico de las ciudades provocados por el éxodo de la población de mayor poder adquisitivo a zonas residenciales de la periferia. Entre otros, puede mencioanrse el hacinamiento en viviendas, la formación de ‘guetos’, sobre todo asociados a población inmigrante, el envejecimiento poblacional, la inseguridad ciudadana. Además, en casos en los que ha habido una intervención activa en los cascos históricos, fenómenos sociales como la ‘gentrificación’ o ‘elitización’ se han registrado  tras actuaciones de rehabilitación de viviendas que han elevado el precio de las viviendas reformadas, desplazando a la población local y las clases sociales de menor poder adquisitivo.
Se cuestiona por tanto que el modelo urbanístico y de ciudad desarrollado hasta ahora pueda servir para el futuro. Además, por el lado de la calidad y habitabilidad de los edificios residenciales, los desarrollos tampoco están siendo suficientes. La Ley 38/199 de Ordenación de la Edificación (LOE) establecía las garantías necesarias para el adecuado desarrollo del proceso de la edificación, estableciendo unos requisitos básicos en relación a criterios como la funcionalidad, la seguridad y la habitabilidad. A raíz de la LOE, se aprobó en el año 2006 el Código Técnico de la Edificación (CTE), que el añó 2013 ha actualizado su documento básico DB-HE de ahorro de energía, y el RD 47/2007 que fijaba el procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de nuevos edificios, en el 2007, y que fue derogada en el año 2013 por el RD 235/2013, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, que afecta a todo edificio existente objeto de venta o alquiler, además de a todos los edificios nuevos.

En este contexto, en el año 2008 se aprobó el RDL 2/2008 Texto Refundido de la Ley del Suelo que suponía un punto de inflexión en el modelo de desarrollo dando prioridad, entre otros, a la regeneración de la ciudad existente frente a la creación de nueva ciudad, convirtiendo así a la planificación urbana en un actor más del desarrollo sostenible en estos contextos.

Finalmente, la Ley 8/2013, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas,  establece un marco de incentivación de la rehabilitación de los edificios existentes, y la regeneración y renovación de los entremados urbanos, acercando el marco normativo a los objetivos establecidos en las directivas europeas en cuanto a eficiencia y ahorro energético.

Las claves u objetivos a alcanzar parten de los problemas detectados;

  • Compacidad de la ciudad frente a los modelos dispersos con espacios monofuncionales.
  • Regeneración, rehabilitación y revitalización de barrios.
  • Adecuación de las redes de transporte, sobre todo del público, a los usos del suelo.
  • Impulso a programas de gestión del parque edificado existente para reducir el número de viviendas vacías, con el fin de garantizar el derecho de los ciudadanos a disfrutar de una vivienda digna.
  • Apuesta por la rehabilitación como medida para mejorar la eficiencia energética del stock de viviendas existente y eliminar barreras para mejorar la, adaptando el parque de viviendas a las exigencias existentes a nivel europeo y reduciendo la demanda energética del sector de la edificación.
  • Desarrollo de medidas que primen el mantenimiento de los tejidos sociales y de la población local, prestando especial atención a las clases sociales barrios más vulnerables y en particular a los hogares en situación de pobreza energética.
  • Mantenimiento de la diversidad  urbana de funciones (oficinas, comercio, servicios, equipamientos), favoreciendo el desarrollo de actividades y el mantenimiento de las pymes y micropymes locales, así como el abastecimiento de productos locales.
  • Integración de la biodiversidad (vegetal, animal, paisajística, etc.) en los núcleos urbanos, integrándola gradualmente con el entorno más próximo, respetando y promoviendo la existencia de corredores ecológicos y la interconexión de espacios y especies y primando la protección ambiental sobre las políticas de desarrollo y ordenación territorial y urbanística.
  • Fomento de los acuerdos de custodia del territorio para la conservación y mejora de la biodiversidad y de los ecosistemas existentes en áreas periurbanas, como estrategia de mejora de las políticas de ordenación urbanística y de mejor integración de la transición del medio urbano y rural.
  • » Regeneración del espacio público como base para mejorar y fomentar las relaciones sociales de la población y la participación ciudadana, primando la integración de zonas verdes y otros espacios comunales.

 

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