Inspección y vigilancia ambiental

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INSPECCIÓN Y VIGILANCIA AMBIENTAL

ST-26, Calidad Ambiental y Salud, 27/11/2014

REDIA, Red de Inspección Ambiental, proyecto del MAGRAMA se perfila como el instrumento básico de coordinación e intercambio de experiencias entre los responsables de las administraciones autonómicas en materia de inspección y vigilancia ambiental.

La sesión parece despertar gran interés ya que comienza con el aforo prácticamente completo. Se plantea en un formato de mesa redonda con cinco ponentes y un moderador que vienen a representar a las distintas partes implicadas en el proceso de inspección y vigilancia ambiental siendo de lamentar la ausencia del representante de Ecologistas en acción, coordinador del Área Jurídica, como una importante voz crítica con los procedimientos y las normativas así como de denuncia de  irregularidades y actividades ilegales dentro del sector.

En el debate que mantuvieron los invitados actuó de moderadorel abogado Daniel Vázquez García de Uría Menéndez, estando la mesa de debate integrada por María Colmenares Planás, Directora del Programa REDIA, Xavier Gómez Olmos, Responsable de Seguimiento y Vigilancia Ambiental de la Generalitat de Catalunya, Juan Carlos Rabal Durán, Jefe de Servicio de Control Ambiental del Gobierno de Aragón, Luis Palomino Leal, Secretario General de la Asociación de Empresas Gestoras de Residuos y Recursos Especiales (ASEGRE) y Carmen Begoña Luengo Hurtado, Jefe de Departamento de Dirección Ambiental de Obra de AENA.

El papel de la Red de Inspección Ambiental (REDIA)

REDIA nació en Galicia, en el año 2008, tras un intercambio de experiencias en determinadas Comunidades Autónomas en temas de Inspección Ambiental.

El objetivo es intercambiar información y experiencias entre los responsables ambientales de las CCAA canalizando la participación en la Red Europea IMPEL, además de fomentar y facilitar la formación y entrenamiento de los inspectores. La Red está formada por Galicia, Extremadura, Cataluña, La Rioja y Madrid.

La Red funciona bajo una estructura de proyectos que han de contar como mínimo de la participación de tres miembros de la red y un Coordinador de Proyectos. En el año 2013, transpusieron y desarrollaron el artículo 23 de la Directiva de Emisiones Industriales (DEI) a través de dos proyectos.

La colaboración entre Administraciones

Las preguntas lanzadas a la mesa por el moderador aluden a cuestiones relativas a qué administraciones deberían colaborar, cómo llevar a cabo esta colaboración, qué medidas pueden plantearse para mejorar los procedimientos de colaboración.

Carmen Begoña Luengo de AENA considera imprescindible colaboración con consenso entre Ministerio, organismos autonómicos y otras entidades que participen de los procesos. Y plantea que existan unas relaciones bidireccionales más fluidas y dinámicas entre administración y empresas para solventar los problemas con relativa celeridad.

Juan Carlos Rabal, del Gobierno de Aragón, que hace referencia en varias de sus intervenciones a la legislación existente como garante de los procedimientos, también indica en este bloque que la colaboración entre administraciones es ineludible ya que viene determinada por la normativa y desde su administración se trabaja activamente en esta línea.

Desde el MAGRAMA se propone como un aspecto de mejora de la colaboración para llegar a definir documentaciones unificadas. Así mismo la creación de un Cuerpo de Inspectores Ambientales, proyecto planteado en el marco de REDIA, podría constituirse en una herramienta adecuada a la hora de estandarizar y consensuar criterios.

Xavier Gómez Olmos de la Generalitat incorporaría en el proceso de cooperación entre administraciones también a la ciudadanía. Respecto a la armonización de criterios, señala la comunicación fluida entre organismos autonómicos.

Luis Palomino Leal de ASEGRE pone voz a la inquietud de sus representados acerca de la necesidad de unificación de criterios de autorización y de gestión entre las Comunidades Autónomas. Una estandarización de criterios facilitaría los ulteriores procesos de inspección.

Otro aspecto del debate a destacar es la complejidad técnica necesaria que exige una importante especialización de jueces y fiscales así como una formación continuada de los técnicos ambientales (inspectores e instructores). Este aspecto de la formación continuada está recogido entre los objetivos de REDIA.

Como conclusión a este bloque, uno de los más dinámicos de la tarde, cabe señalar que la coordinación entre administraciones es compleja. La Comisión europea al ser consciente de ello desarrolla mecanismos para mejorar este aspecto. El Registro Nacional de Residuos de la ley de 22/2011 de residuos no está todavía en funcionamiento.

¿Cómo detectar las actividades ilegales?

“Sólo se inspecciona a las actividades ilegales. Y a las ilegales ¿quién las inspecciona?”. “Los ilegales rentabilizan la sanción”se quejan los gestores de residuos. Los representantes de la administración comentan la dificultad para detectarlas; la denuncia por parte del SEPRONA, agentes forestales, asociaciones ecologistas, ciudadanos o los accidentes son los mecanismos de visualización. Absolutamente todas las denuncias con fundamento son supervisadas pero también es cierto que no existen suficientes recursos para incorporar en inspecciones rutinarias mecanismos de detección de actividades ilegales.

Los Expedientes Sancionadores

El debate se centró en como el inspector realiza el acta constatando los hechos para que luego sea el Instructor quién decida si existe evidencia tipificando los hechos para sancionar y que tipo de sanción, leve, moderada o grave. Los inspectores y los instructores tienen una vía de comunicación abierta para aclarar dudas o cuestiones.

Un tema interesante fue cuando se habló de la Prestación Ambiental Sustitutoria que existen en algunas legislaciones autonómicas figuras específicas. Estas tratan de sustituir sanciones económicas pero solo si la persona sancionada lo solicita, por alguna actuación con carácter de mejora del medio ambiente como la conservación o la educación ambiental. Aunque la decisión final es de la Administración.

Durante el final del debate se comentó la problemática de que en ocasiones un número de sanciones se realizan a personas que se declaran insolventes por lo que la sanción queda sin peso o que en ocasiones la sanción llega tarde a una empresa que realiza actividades ilegales perjudicando a las empresas que cumple la normativa.

Los Planes de Inspección

La planificación de los programas de inspección es competencia de la administración y se preparan dependiendo del presupuesto estableciendo controles para priorizar las actividades de obligada inspección en consideración del riesgo. En la planificación se detalla las instalaciones a inspeccionar, los inspectores que la realizan y la metodología a seguir. En el caso de Aragón los criterios son accesibles. Al ser públicos estos datos, las empresas puede acceder a la documentación y preparar la documentación necesaria ante la visita de los inspectores.

Las inspecciones son periódicas y dependiendo del tipo de industria las inspecciones se realizan de forma más o menos dilatadas en el tiempo, pueden ser un, dos o tres años espaciadas en el tiempo. El número de inspecciones rutinarias viene fijado por un objetivo de la Unión Europea.

Luis Palomino, opina que deberían de planificarse supervisiones de las actividades ilegales, pero los inspectores presentes alegan que es imposible supervisar algo ilegal por ser algo de lo que no se tiene conocimiento.

Mayte Pérez Del Palacio

Antonio Jesús Ibáñez García