Evaluación de Impacto Ambiental

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EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

ST-23. 27 de noviembre de 2014

“Renovar tantas veces la ley de la EIA no es bueno para nadie” señala Íñigo Sobrini  (AEEIA)

La moderadora Rosa María Arce, representante del Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, comienza la ponencia planteando una definición sobre el problema: “enfrentamiento entre desarrollo y conservación del medio ambiente”.

Comienza Manuel Méndez, representante del Ministerio de Medio Ambiente, señalando los múltiples cambios que ha sufrido la ley de evaluación de impacto ambiental desde que se transpuso por primera vez en 1986. Las intenciones de la ley actual, Ley 21/2013, son: agilizar los procesos administrativos que conlleva una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), reforzar conceptos que deben ser aclarados, mejorar la transparencia, incorporar la declaración estratégica ambiental que sustituye a la memoria ambiental y que dice que se deben considerar medidas sobre el cambio climático sin más concreciones, e incluir los bancos de conservación de la naturaleza.

Manual también destaca que en los últimos años el número de proyectos sobre impacto ambiental ha disminuido progresivamente, de tal manera que entre 2008 y 2005 se presentaron unos 500 proyectos por año y en 2014 se estima un total de 150.

Por otro lado, la ley plantea una serie de mejoras para el futuro:

• Guías técnicas y criterios técnicos
• Formas más cuantitativas de evaluación
• Redefinir la medida de financiación
• Mejorar mecanismos de información al público

La moderadora pasa la palabra a Ignacio Gamarra, que como representante del órgano sustantivo señala la necesidad de enfocar el scoping a la resolución de problemas.

A continuación interviene Fernando Crespo que, aportando la visión de los promotores, señala una serie de mejoras de la nueva ley: armonización del área ambiental, scoping voluntario, bancos de conservación y la reducción de los plazos. Sin embargo, Fernando también reclama la mejora de calidad de EIA a través de una definición clara del profesional que puede llevarlas a cabo, así como la necesidad de auditoría entre promotor y órgano ambiental previa a la redacción de la DIA. Asimismo ve necesaria la EIA para explicar a la población qué está pasando, a lo que la moderadora añade que incluso es una herramienta de la educación ambiental.

Íñigo Sobrini, presidente de la Asociación Española de Evaluación de Impacto Ambiental, con la función de consultor, por su parte reclama estabilidad normativa, así como unas directrices o guías metodológicas sobre cómo hacer referencias al cambio climático. Por otro lado, señala que puede ser contraproducente que no se haga scoping y propone como solución alternativa reducir el plazo máximo para este proceso pero manteniendo su obligatoriedad.

José María Ordóñez (Sociedad Española de Sanidad Ambiental) señala que al entrar España e la UE la Administración se diversificó dejando a su organismo algo encajonado e invita con vehemencia a una reunión al resto de organismos citados en la jornada para cambiar esta situación.

Jaime Muñoz (Red Natura 2000) resalta la necesidad de citar herramientas objetivas para evaluar cuando un proyecto afecta de manera apreciable a la integridad de un lugar. Además encuentra los bancos de conservación indispensables para facilitar la EIA.

Antonio Ruiz (abogado de Ecologistas en Acción) señala que no es tanto un problema de calidad normativa, sino de la aplicación de las leyes. Introduce conocimientos científico-técnicos a la administración y que influye a la hora de tomar decisiones legislativas y además exige medidas compensatorias selectivas y con un seguimiento adecuado.

Manuel García (CEDEX) propone una guía de mitigación al cambio climático dedicado a infraestructuras del transporte.

Durante el debate, el público pide que se defina los conocimientos o la formación que deben tener los técnicos que hacen la EIA, a lo que los ponentes responden que se trata de una actividad tan multidisciplinar que no se sabe qué titulación pedir. Por otro lado, también se señalan los problemas sobre que las competencias sean de las comunidades autónomas y preguntan si se ha contado con éstas a la hora de redactar la ley y cuándo la van a transponer sin obtener datos concretos en la respuesta. Otra participante del público representando a la Comunidad de Madrid manifiesta los problemas de llevar a cabo la ley cuando ésta deja en manos del órgano sustantivo casi todo y en muchas ocasiones este órgano sustantivo es un municipio de 100 habitantes que no tiene técnicos.

Salvador Osuna Caballero

Laura Abuja Conde

Marta León Merino