DELITO AMBIENTAL

ST-28, Calidad ambiental, Martes29/11/2016

“¿Es culpa de la lentitud procesal del sistema jurídico español o en realidad es culpa de la falta de recursos?” ha preguntado Juan Luis Fuentes Osorio.

“Aun teniendo reducción de plantilla, somos un país puntero gracias al SEPRONA y es copiado por muchos países entre ellos Holanda” ha dicho Salvador Ortega Pascual.

La sesión ha tenido dos partes.

En la primera parte se ha recogido un intenso debate sobre la relación, la aplicación y los problemas del derecho penal y el administrativo.

Introduce la sesión, Juan Luis Fuentes Osorio, profesor de derecho Penal de la Universidad de Jaén, explicando la relación limitada del derecho penal por el derecho administrativo y las dificultades técnicas que se tiene, ya que se necesitan conocimientos técnicos para poder aplicar las sanciones adecuadas, ya que un abogado no tiene los suficientes conocimientos técnicos ambientales necesarios para ello ni un ambientologo tiene los de derecho.

Continúa la sesión Jesús Sedano Lorenzo, abogado de Uría Menéndez, explicando cómo se ha llevado a cabo la transposición de la normativa europea en materia de delito ambiental. Con ello, expone los diferentes objetivos que se han querido llevar a cabo con las directivas en estos últimos años, la trasposición a ley orgánica 5/2010 y sus diferencias con la actual trasposición con la ley orgánica 1/2015, donde se ha conseguido que sea más fácil cometer un delito ambiental y que sea mucho más grave cuando este daño conlleve un riesgo para el ser humano.

Por último, Guillermina Yanguas Montero, magistrada en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 33 de Madrid, habla a través de su experiencia del Derecho Penal y el Derecho Administrativo en la práctica, poniendo en la mesa numerosos ejemplos. Insiste en que se necesitan procedimientos adecuados para proteger adecuadamente el medio ambiente y da unas ideas para mejorar estos procesos como la revisión previa antes de iniciar un proceso ambiental para demostrar un delito en un proyecto, que se debería realizar una disciplina específica sobre medio ambiente y que se debería crear un tribunal medioambiental para mejorar la eficacia y la protección del medio ambiente.

Seguida de una ronda de preguntas, los ponentes entran en debate, planteado numerosos problemas actuales tales como: la dilación jurídica, numerosas veces aprovechada por lobbies o empresas de la competencia para frenar proyectos, los problemas políticos que influyen en la aplicación de los códigos y derechos en la práctica, ya que en ocasiones no se aplican correctamente, la falta de medios y personal para lleva a cabo con mayor celeridad los trámites administrativos.

En la segunda parte de la sesión, se tratan los temas de la investigación del delito ambiental y la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Comienza esta segunda sesión, Salvador Ortega Pascual, capitán Ingeniero de Montes de la Jefatura del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), donde habla con su amplia experiencia de los delitos ambientales y apoyándose con datos, explica el volumen de tráfico de vida silvestre que de forma ilegal llega a generar entre 7 a 23 billones de dólares americanos, siendo este el tercer delito más lucrativo. Destaca que estos delitos van en aumento en España, y que de estos se intentan conseguir benéficos económicos, ya sea través blanqueo de capitales o derivados de este, que suponen pérdidas municipales y sociales, y sobre todo ambientales. En el procedimiento de investigación criminal releva la gran colaboración internacional, que ofrece numerosas herramientas eficaces (Interpol, Unep, Ameripol, Europol, Olaf, Envicrimenet, acuerdos bilaterales y oficiales de enlace) para obtener información de primera de cualquier criminal en poco tiempo. Por último, hace una breve revisión de la ley orgánica y las mejoras del código penal 1/2015.

A continuación, Juan Carlos Santana Rodríguez, inspector del Cuerpo de Agentes del Medio Ambiente del Cabildo del Gran Canaria, muestra mediante la legislación, la figura de un Agente Medioambiental y sus diferencias con los Cuerpos de Seguridad del Estado, ya que el Agente Medioambiental es un policía judicial con jurisdicción autonómica. También ha explicado, la complejidad legislativa que existe sobre el tema, y que en ocasiones, provoca enfrentamientos e incompatibilidades. Finaliza con medidas legislativas que se deberían llevar a cabo para mejorar y la importancia del ministerio fiscal en la policía judicial.

Por último, Alicia García Franco, directora general de la Federación Española de la Recuperación del Reciclaje (FER), expone la responsabilidad penal de la persona jurídica, donde entrando en detalle, explica las figuras necesarias en una empresa para llevar a cabo un seguimiento de los delitos ambientales, la complicación y beneficio de estas figuras. También habla sobre la imposibilidad de estos mecanismos en empresas pequeñas o Pymes, donde su implantación es complicada, ya que se tratan, en muchos casos, de empresas familiares donde es difícil actuar en cuestiones de delitos ambientales. Se trataron soluciones como la externalización de las inspecciones para no cometer delitos medioambientales.

Una vez acabada la ponencia, se entra en un intenso debate donde se puede destacar que el SEPRONA es un cuerpo de la Guardia Civil puntero y copiado, que la figura del Agente Medio Ambiental se debe diferenciar, ya que ellos son policías judiciales y no forman parte de los Cuerpos de Seguridad del Estado, sino que son un ente independiente.

TianHui-Estrella Ni / @Abc_memories / es.linkedin.com/in/tianhuiestrellani

Ana Cristina Labrada Nogueira / @nittalab / es.linkedin.com/in/ana-cristina-labrada-nogueira-92bab543

DIRECTIVA DE EMISIONES INDUSTRIALES

GT-11, Calidad Ambiental, Jueves 01/12/2016

La jornada estuvo marcada por la exposición de la normativa que marca las emisiones industriales.

“Cualquier situación de prevención es mejor que el tratamiento después de la contaminación”

La jornada, dirigida por Mª Esther Valdivia Loizaga perteneciente al Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental, empezó con la “La Directiva de Emisiones Industriales”, presentada por Carmen Canales Canales, dentro del bloque de “Visión de la Administración”. Se centró en la explicación del concepto de IPPC, destacando que trata de la conservación en su conjunto. Los pilares en los que se basa la IPPC engloban aspectos administrativos, tecnológicos y transparencia en la información. Y a continuación se explicó qué diferencias implica la Directiva de Emisiones Industriales, que unifica la IPPC y otras disposiciones sectoriales.

Respecto a las instalaciones emisoras de contaminantes se señaló que deben ser sometidas a inspección, cumpliendo unos valores determinados de emisiones límite para poder obtener la Autorización Ambiental Integrada (AAI). Dichos valores límite de emisión los marcan las mejores técnicas disponibles (MTD) según sus emisiones asociadas. Se destacó que no es obligatoria la instalación de las MTD, sino respetar dichos valores límite de emisión. Por otro lado, dichas instalaciones pueden acogerse a excepciones, partiendo de un informe preliminar de cuantificación.

Fue Albert Avellaneda Bargués, quién profundizó en este tema exponiendo “Excepciones en relación a los valores límite de emisión e inspección ambiental”. El primer supuesto para acogerse a una excepción es la desproporción entre el coste de la modificación y los beneficios ambientales obtenidos. Las evaluaciones se realizan mediante guías orientativas y los llamados BREF. Las dificultadas de aplicación de las excepciones están regidas por la variabilidad metodológica, la dificultad para obtener información veraz relativa a diferentes tipos de costes económicos, la dificulta para monitorear los impactos ambientales, la dificultad para establecer el nivel a partir del cual se pueden considerar desproporcionados los costes económicos en relación a los beneficios ambientales, valores límite de emisión en caso de otorgar una excepción y temporalidad de la excepción hasta la siguiente revisión. El segundo supuesto es la implantación de técnicas novedosas con las que se espere obtener mejores resultados. En este caso se limita temporalmente a 9 meses.

Después, en el bloque “MTDs. Implicaciones para el sector industrial. Informes base”, Francisco Javier Hidalgo Galdón y Luis Palomino Leal, destacaron las dificultades que aprecia la industria para la aplicación de la ley. Por ejemplo, se expresó que son necesarias guías técnicas homogéneas para todo el conjunto nacional que regulen uniformemente o mejorar los mecanismos de intercambio de información y coordinación entre las industrias y las administraciones. También se expresó que la obligatoriedad de la norma y la falta de flexibilidad en su aplicación se traducen en un plazo muy corto para llevar a cabo las modificaciones necesarias. No dejó de señalarse que el camino recorrido a partir de la IPPC ha conseguido disminuir muy significativamente las emisiones de las empresas.

Finalmente, Iñigo de Vicente Mingarro explicó, brevemente, qué es PRTR y la importancia de hacer llegar información sobre las medidas tomadas a nivel administrativo, al público en general.

Esther Cepeda Gamella

Daniel Corral Fernández

APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL: ¿CÓMO OPTIMIZARLA?

GT 10, Calidad Ambiental, 29/11/2016

La jornada aportó diferentes puntos de vista acerca de la efectividad en la aplicación real de la Ley de Responsabilidad Medioambiental.

La incertidumbre en la forma de aplicación de la normativa crea inseguridad jurídica que no beneficia ni al medio ambiente ni al desarrollo económico.

La ponencia comenzó con la presentación de los representantes del grupo de trabajo por parte de José Luis de las Heras, director gerente de Pool Español de Riesgos Medioambientales, quien ha introducido las características generales que recogen la Directiva 2004/35/CE y la Ley 26/2007 sobre responsabilidad medioambiental, destacando que en algunos sectores existe la sensación de que no se está aplicando eficientemente.

A continuación ha comenzado Javier Cachón de Mesa, en representación del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, comentando las conclusiones que se extrajeron del informe de evaluación de la directiva por la Comisión Europea (REFIT), concluyendo que la Ley 26/2007 no ha derogado la normativa sectorial, que es una de las normas de transposición de la Directiva más avanzada y que se sigue trabajando para mejorar en su aplicación práctica.

Posteriormente las ponentes Ana Barreira, Directora del Instituto Nacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) y Gemma Modolell , abogada de Terraqui, han trabajado conjuntamente en el análisis de responsabilidad ambiental, haciendo una comparativa entre la Ley de Responsabilidad Medioambiental y las leyes sectoriales. Se ha destacado que los informes aportados a la Comisión Europea por los estados miembros no incluían la amenaza inminente de daños ni información descriptiva de los casos, que el umbral de significatividad de los casos es muy ambiguo, y que no existe homogeneidad en la aplicación de la directiva entre los estados miembros.

Por último, ha intervenido Carola Hermoso, responsable de medioambiente de la Unión de Empresas Siderúrgicas (UNESID), que ha aportado una visión práctica de aplicación de la ley en gestión del riesgo y evaluación de mejoras, presentando el proyecto SID-MIRAT que tiene en cuenta todos los pasos del proceso de producción. Ha destacado la importancia de la conciencia y responsabilidad profesional sobre el coste de reparación de daños.

Alicia Jiménez Febles / https://es.linkedin.com/in/alicia-jiménez-febles-745184127

Everilda Zazo Hidalgo/ @evezahi / https://www.linkedin.com/in/everilda-zazo-hidalgo-9667a060

TELEDETECCIÓN Y SENSORES MEDIOAMBIENTALES

GT-14, Calidad Ambiental, 28/11/2016

La ponencia repasó, a través de expertos en los diferentes ámbitos, las variadas aplicaciones de los sistemas de teledetección desde un punto de vista medioambiental.

Limitados generalmente por la financiación, impulsar proyectos de mejora y desarrollo tecnológico sobre los sistemas ya concebidos es un pilar clave en la optimización de la obtención de muy diversos datos ambientales.

Introduciendo el concepto ACTRIS, fue como comenzó este grupo de trabajo. “Aerosol, clouds, and trace gases research infraestructure” es la definición de esta estructura de ámbito europeo para la teledetección, observación y medición de diferentes variables, basadas en perfiles de aerosoles atmosféricos, sus precursores y otros gases traza, especialmente NOx, y observaciones ópticas. En 2015 se integra con la hoja de ruta del ESRI, marco para asegurar la sostenibilidad de la estructura, identificando mejoras ya sean nuevas o existentes; así nace ACTRIS2. En España, varias son las instituciones participando conjuntamente con dicho programa, cabiendo destacar algunas de renombre como AEMET, INTA, CIEMAT, CSIC y un variado etc.

Se continuó con las diferentes aplicaciones posibles y la forma de llevarlas a cabo, haciendo especial hincapié en este punto en los drones. De grandísimas dimensiones hasta parecer completamente insectos reales, estos dispositivos pueden equiparse con diferentes cámaras que abarcan muy extensamente diferentes espectros, siendo así aplicables a muchos problemas, de tipo forestal, en el ámbito de la ingeniería civil y sobre todo en el sector medioambiental (vertidos y agricultura).

Otro ámbito de aplicación de dichos sistemas de teledetección es el referido al control de emisiones provenientes del tráfico rodado. Mención de importancia al sistema RSD, con el cual se obtiene información sobre la concentración de dichas emisiones. Dicho sistema va de la mano con el proyecto CORETRA, encargado de la evaluación metrológica y de calidad de medidas del RSD. Vemos así que con este sistema obtenemos datos negativos y nada esperanzadores a los esperados sobre los cambios con el tiempo en motores EURO 5 en su reducción de emisiones de NOx.

La teledetección cobra también un papel importante en los incendios forestales puesto que el 50% de los que se han producido en España han superado las 500 hectáreas y un 3% de éstos tienen lugar en las Islas Canarias es por esto por lo que la ponencia se centra en la elaboración de mapas de combustibles forestales mediante la agrupación de asociaciones vegetales con un mismo comportamiento, llevado a cabo en el proyecto FORESMAC, constituido por 19 tipos de combustibles agrupados en 5 grupos más uno incombustible y mapas de áreas quemadas para la determinación de la extensión quemada y la severidad del incendio, llevados a cabo en la isla de Madeira (satélite Landsat 8) y la isla de la Palma (Landsat 8 y Sentinel 2A).

Otro de los grandes campos de aplicación de esta herramienta es en la agricultura, y, es aquí donde surge el término “smartizar la agricultura”, es decir, optimizar costes o consumos energéticos. Lo que permitirá al agricultor ser capaz de gestionar los posibles problemas que se pueden llegar a dar, como posibles fugas mediante la combinación de la teledetección y los sensores de campo (humedad, conductividad, etc.).

Por último la ponencia finalizó con exposición de las antenas reflectoras planas en tecnología impresa para radares meteorológicos. Utilizadas para la determinación de precipitaciones de manera mucho más exacta, con una menor dispersión de las medidas y una clasificación más completa de los tipos de precipitación. Estas antenas tienen una alta eficiencia de radiación con un bajo coste de fabricación y además son reconfigurables. Un ejemplo de su aplicación es el proyecto Titan Cloud/Precipitation Radar.

Pablo Fresnedo Gutiérrez / ACA /

Ana Pérez Fernández / ACA / Twitter: @Ana93pf_ / Linkedin: https://es.linkedin.com/in/ana-pérez-fernández-640422128

OPORTUNIDADES Y RETOS DE LOS NANOMATERIALES

GT-13, Calidad ambiental, 28/11/2016

Necesidad de que la población sea informada acerca de los nanomateriales presentes en los productos

Aplicación del principio de precaución ante la incertidumbre de los posibles daños a largo plazo

La ponencia comenzó con una introducción sobre el tema, continuó con presentaciones cortas por parte de diferentes expertos en la materia, para dar punto y final con un debate con los asistentes que se encontraban en la sala.

Los nanomateriales se caracterizan por contener partículas de un tamaño muy pequeño, y son empleados en una gran variedad de sectores y productos tales como: medicina, industria de alimentación, placas solares, protectores solares, etc. Sin embargo, tienen el inconveniente de presentar una gran variabilidad en cuanto a comportamiento y composición.

La utilización de los nanomateriales ha supuesto la necesidad de realizar estudios e investigaciones sobre sus posibles efectos en la salud humana y en el medio ambiente, así como la modificación del marco regulatorio de estos materiales, principalmente el reglamento REACH y la revisión de la definición de nanomaterial. En este apartado cobra importancia la creación de un observatorio de nanomateriales para la realización de nuevos estudios y la revisión de los ya existentes, así como para el conocimiento sobre usos y seguridad acerca de estos materiales. Por ello es importante la financiación de proyectos de investigación e innovación en este ámbito, dicha financiación se consigue con el programa H2020 (Horizonte 2020), en el contexto europeo para conseguir una mejor regulación en cuanto a la seguridad y posibles riesgos.

Revisada la legislación y los proyectos que se están llevando a cabo la ponencia continuó con los efectos de los nanomateriales tanto en el medio ambiente como en los seres vivos. Para ello se llevan a cabo métodos in vitro con líneas celulares y métodos in vivo generalmente con peces, para poder determinar la toxicidad de un nanomaterial en concreto. Puesto que es un tema complejo, se deben aplicar diversos métodos para poder determinar esa toxicidad y se deben desarrollar métodos para evaluar los posibles efectos a largo plazo.

Los expertos también recalcaron el uso de la nanotecnología en el sector aeroespacial y subrayaron que todos los sectores pueden obtener beneficios de las posibles aplicaciones de los nanomateriales.

Como conclusión se remarcó que esta tecnología es un generador de empleo, que hay una falta de información para el uso y seguridad de los nanomateriales por lo que es necesaria la revisión de las normas en cuanto a protección de la salud y medio ambiente y que se debe fomentar el desarrollo de esta tecnología por medio de inversiones en empresas para que la puedan llevar a cabo.

Sandra Bielsa Lozoya / ACA / Twitter: @SandraBielsa

Ana Pérez Fernández/ ACA / Twitter: @Anapf93_ / Linkedin: https://es.linkedin.com/in/ana-pérez-fernández-640422128

#Conama2014 EMAS. Más valor en tiempo de crisis

AE12

El proyecto LIFE + BRAVE, es un proyecto que intenta conseguir la adhesión de más empresas al reglamento EMAS, desde grandes empresas hasta pequeñas Pymes de nuestro territorio. Este proyecto busca la adhesión a EMAS, ofreciendo a las empresas, simplificaciones en la gestión del reglamento, frente a  las exigencias previas del mismo. Estas simplificaciones pueden ser presentadas en menores labores administrativas, simplificaciones en materias de aspectos ambientales, menor rigor en las visitas de revisión del reglamento, etc. Esta simplificación es uno de los principales alicientes para pertenecer a EMAS. Además se ofrece un asesoramiento a todas las empresas interesadas en este proyecto.

Una de las principales causas del nacimiento de este proyecto es el escaso éxito de adhesión de las empresas a EMAS,  debido a las dificultades que presenta el mismo, a la hora de la adhesión, mantenimiento y cumplimiento de requisitos, y principalmente debido la preferencia de las empresas a la adhesión a ISO 14001, norma esta más aceptada en ámbito internacional.

Las principales Comunidades Autónomas de España presentan diferencias a la hora de ofrecer y gestionar el Reglamento EMAS  a las empresas presentes en su territorio. Todas las Comunidades coinciden en intención de aumentar la adhesión de las empresas a EMAS, incentivando a las mismas con mejoras frente a la administración, como desgravación fiscal, prioridad en concursos públicos, etc.

No obstante las Comunidades ofrecen numerosa información de EMAS, en distintos programas, con la celebración de reuniones y congresos, y con una publicidad en las empresas.

En la actualidad EMAS pierde terreno frente a ISO 14001, y se buscan iniciativas para promocionar y ganar mayor número de empresas adheridas a EMAS, fomentando las ventajas que presenta dicho reglamento.

Javier Esteban Sanz

Luis Miguel Carretero García

Directiva de emisiones industriales (DEI)

Colegio de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental (GT-9)

En este grupo de trabajo se proponen como objetivos la creación de una plataforma de intercambio de información para temas relacionados con el sector industrial, la contaminación de suelos, las energías limpias, directivas relacionadas con la industria y la contaminación ambiental y las posibles mejoras técnicas que pudieran realizarse en las actividades industriales.

En primer lugar se habla un poco de las directivas vigentes en materia de contaminación industrial y los valores límites de contaminantes, las cuales se recogen en la Ley 5/2013 (modificación de la de la Ley 16/2002 de prevención y control integrados de la contaminación) que a su vez se adaptó a partir de la Directiva 2010/75/UE sobre emisiones industriales (basada en la directiva 96/61/CE del IPPC). Los objetivos que se marcan en la nueva directiva son la protección de las aguas superficiales, gestión de residuos, protección de los recursos naturales, y como novedad incluye la protección de los suelos y las aguas subterráneas. En total se modifican 23 artículos de la ley 16/2002, modificaciones que son del todo adecuadas para la directiva de emisiones industriales.

Se pide a las actividades industriales que elaboren unos documentos con las mejores técnicas disponibles (documentos BREFs), los cuales tuvieron que ser negociados con la Comisión Europea. Cada país propone los valores de emisiones por sector hasta que llegan a un consenso y lo aprueba la Unión Europea y se publican posteriormente en las AAI (Autorizaciones Ambientales Integradas).

Hablan sobre la implementación de las AAIs en las industrias, la documentación necesaria a entregar a la administración para adaptarse a la nueva directiva, ya que recoge los nuevos valores límites de emisión de las industrias.

También se hace mención especial de la influencia de las DEI en las actividades de descontaminación de suelos, que hasta ahora seguían las directrices de la Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados, pero esta no recogía los límites de contaminación industrial en suelos y aguas subterráneas.

Por último, se proponen por parte de los sectores afectados que se disminuyan las cargas administrativas, la reducción de los plazos, un plan de inspección ambiental a las empresas potencialmente contaminantes, en definitiva poner unas directrices conjuntas para el bien común referidas al control de las emisiones para mejor calidad del aire, prevención de contaminación de suelos y aguas subterráneas, control de la contaminación odorífera y la sustitución de compuestos peligrosos y combustibles contaminantes.

Rafael Lera Ramirez  - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Maria Arroyo Garrido - @mariaarscott     

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA AMBIENTAL

ST-26, Calidad Ambiental y Salud, 27/11/2014

REDIA, Red de Inspección Ambiental, proyecto del MAGRAMA se perfila como el instrumento básico de coordinación e intercambio de experiencias entre los responsables de las administraciones autonómicas en materia de inspección y vigilancia ambiental.

La sesión parece despertar gran interés ya que comienza con el aforo prácticamente completo. Se plantea en un formato de mesa redonda con cinco ponentes y un moderador que vienen a representar a las distintas partes implicadas en el proceso de inspección y vigilancia ambiental siendo de lamentar la ausencia del representante de Ecologistas en acción, coordinador del Área Jurídica, como una importante voz crítica con los procedimientos y las normativas así como de denuncia de  irregularidades y actividades ilegales dentro del sector.

En el debate que mantuvieron los invitados actuó de moderadorel abogado Daniel Vázquez García de Uría Menéndez, estando la mesa de debate integrada por María Colmenares Planás, Directora del Programa REDIA, Xavier Gómez Olmos, Responsable de Seguimiento y Vigilancia Ambiental de la Generalitat de Catalunya, Juan Carlos Rabal Durán, Jefe de Servicio de Control Ambiental del Gobierno de Aragón, Luis Palomino Leal, Secretario General de la Asociación de Empresas Gestoras de Residuos y Recursos Especiales (ASEGRE) y Carmen Begoña Luengo Hurtado, Jefe de Departamento de Dirección Ambiental de Obra de AENA.

El papel de la Red de Inspección Ambiental (REDIA)

REDIA nació en Galicia, en el año 2008, tras un intercambio de experiencias en determinadas Comunidades Autónomas en temas de Inspección Ambiental.

El objetivo es intercambiar información y experiencias entre los responsables ambientales de las CCAA canalizando la participación en la Red Europea IMPEL, además de fomentar y facilitar la formación y entrenamiento de los inspectores. La Red está formada por Galicia, Extremadura, Cataluña, La Rioja y Madrid.

La Red funciona bajo una estructura de proyectos que han de contar como mínimo de la participación de tres miembros de la red y un Coordinador de Proyectos. En el año 2013, transpusieron y desarrollaron el artículo 23 de la Directiva de Emisiones Industriales (DEI) a través de dos proyectos.

La colaboración entre Administraciones

Las preguntas lanzadas a la mesa por el moderador aluden a cuestiones relativas a qué administraciones deberían colaborar, cómo llevar a cabo esta colaboración, qué medidas pueden plantearse para mejorar los procedimientos de colaboración.

Carmen Begoña Luengo de AENA considera imprescindible colaboración con consenso entre Ministerio, organismos autonómicos y otras entidades que participen de los procesos. Y plantea que existan unas relaciones bidireccionales más fluidas y dinámicas entre administración y empresas para solventar los problemas con relativa celeridad.

Juan Carlos Rabal, del Gobierno de Aragón, que hace referencia en varias de sus intervenciones a la legislación existente como garante de los procedimientos, también indica en este bloque que la colaboración entre administraciones es ineludible ya que viene determinada por la normativa y desde su administración se trabaja activamente en esta línea.

Desde el MAGRAMA se propone como un aspecto de mejora de la colaboración para llegar a definir documentaciones unificadas. Así mismo la creación de un Cuerpo de Inspectores Ambientales, proyecto planteado en el marco de REDIA, podría constituirse en una herramienta adecuada a la hora de estandarizar y consensuar criterios.

Xavier Gómez Olmos de la Generalitat incorporaría en el proceso de cooperación entre administraciones también a la ciudadanía. Respecto a la armonización de criterios, señala la comunicación fluida entre organismos autonómicos.

Luis Palomino Leal de ASEGRE pone voz a la inquietud de sus representados acerca de la necesidad de unificación de criterios de autorización y de gestión entre las Comunidades Autónomas. Una estandarización de criterios facilitaría los ulteriores procesos de inspección.

Otro aspecto del debate a destacar es la complejidad técnica necesaria que exige una importante especialización de jueces y fiscales así como una formación continuada de los técnicos ambientales (inspectores e instructores). Este aspecto de la formación continuada está recogido entre los objetivos de REDIA.

Como conclusión a este bloque, uno de los más dinámicos de la tarde, cabe señalar que la coordinación entre administraciones es compleja. La Comisión europea al ser consciente de ello desarrolla mecanismos para mejorar este aspecto. El Registro Nacional de Residuos de la ley de 22/2011 de residuos no está todavía en funcionamiento.

¿Cómo detectar las actividades ilegales?

“Sólo se inspecciona a las actividades ilegales. Y a las ilegales ¿quién las inspecciona?”. “Los ilegales rentabilizan la sanción”se quejan los gestores de residuos. Los representantes de la administración comentan la dificultad para detectarlas; la denuncia por parte del SEPRONA, agentes forestales, asociaciones ecologistas, ciudadanos o los accidentes son los mecanismos de visualización. Absolutamente todas las denuncias con fundamento son supervisadas pero también es cierto que no existen suficientes recursos para incorporar en inspecciones rutinarias mecanismos de detección de actividades ilegales.

Los Expedientes Sancionadores

El debate se centró en como el inspector realiza el acta constatando los hechos para que luego sea el Instructor quién decida si existe evidencia tipificando los hechos para sancionar y que tipo de sanción, leve, moderada o grave. Los inspectores y los instructores tienen una vía de comunicación abierta para aclarar dudas o cuestiones.

Un tema interesante fue cuando se habló de la Prestación Ambiental Sustitutoria que existen en algunas legislaciones autonómicas figuras específicas. Estas tratan de sustituir sanciones económicas pero solo si la persona sancionada lo solicita, por alguna actuación con carácter de mejora del medio ambiente como la conservación o la educación ambiental. Aunque la decisión final es de la Administración.

Durante el final del debate se comentó la problemática de que en ocasiones un número de sanciones se realizan a personas que se declaran insolventes por lo que la sanción queda sin peso o que en ocasiones la sanción llega tarde a una empresa que realiza actividades ilegales perjudicando a las empresas que cumple la normativa.

Los Planes de Inspección

La planificación de los programas de inspección es competencia de la administración y se preparan dependiendo del presupuesto estableciendo controles para priorizar las actividades de obligada inspección en consideración del riesgo. En la planificación se detalla las instalaciones a inspeccionar, los inspectores que la realizan y la metodología a seguir. En el caso de Aragón los criterios son accesibles. Al ser públicos estos datos, las empresas puede acceder a la documentación y preparar la documentación necesaria ante la visita de los inspectores.

Las inspecciones son periódicas y dependiendo del tipo de industria las inspecciones se realizan de forma más o menos dilatadas en el tiempo, pueden ser un, dos o tres años espaciadas en el tiempo. El número de inspecciones rutinarias viene fijado por un objetivo de la Unión Europea.

Luis Palomino, opina que deberían de planificarse supervisiones de las actividades ilegales, pero los inspectores presentes alegan que es imposible supervisar algo ilegal por ser algo de lo que no se tiene conocimiento.

Mayte Pérez Del Palacio

Antonio Jesús Ibáñez García

CONTAMINACIÓN ODORÍFERA

GT-11, Calidad ambiental y salud, 26/11/2014

Existe total unanimidad respecto a la necesidad de que el Estado  establezca una Ley específica para la regulación de la Contaminación Odorífera

La regulación de la contaminación odorífera es cuestión de salud, bienestar social y económico.

Existe una problemática a nivel nacional debido a la existencia de ciertas actividades causantes de contaminación por olores, en parte debida a la inexistencia de una normativa que regule este tipo de contaminación y proteja a los ciudadanos. Es por ello que se han realizado esta serie de ponencias para intentar ver un poco más de cerca la realidad de este problema en nuestro país.

El primer ponente, Luís Pertejo Castaño, del Colegio Oficial de Químicos de Madrid, ha realizado una introducción a las metodologías disponibles actualmente para la medida de algo tan abstracto y a la vez subjetivo, como es la contaminación odorífera. Así mismo, ha realizado un recorrido por los sectores industriales más significativos en cuanto a la producción de olores, para dejar entrever que pese a que la contaminación odorífera es algo innato a gran parte de la industria, aún no existe regulación alguna a nivel estatal o autonómico. Haciendo gran hincapié en este punto, ha dejado claro que no es fácil para las empresas, industrias ni ciudadanía conocer si el impacto ambiental producido por una emisión de malos olores se encuentra dentro o fuera de unos márgenes legales. Para finalizar, ha comentado el trabajo realizado por Cataluña, la única Comunidad Autónoma que presenta un borrador al respecto.

A continuación, ha sido Elena Veza Martínez, Técnico de la Entidad de Medio Ambiente del Área Metropolitana de Barcelona, quién ha proseguido con un ejemplo más concreto sobre el control y seguimiento de las instalaciones metropolitanas de Barcelona. Ha hecho referencia a los distintos mecanismos de control y mantenimiento que se llevan a cabo tanto en depuradoras como en plantas de tratamiento de residuos del AMB que, al final, han llevado a una disminución del número de quejas. Aún con estos logros, considera que es necesaria una Ley que regule tanto un método como unos límites de detección para inmisiones de olor, a la vez que ha pedido que las Autorizaciones Ambientales Integradas no fijen límites imposibles de cumplir.

Carlos Romero Batallán, Gerente de la Consultoría de Técnicas Ambientales, ha expuesto las diferentes medidas correctoras y protectoras a tomar para la minimización de emisiones odoríferas en centros de tratamiento de residuos, como estudios previos de localización en función de vientos y poblaciones cercanas, que las naves funcionen siempre con sus puertas cerradas y con una ligera depresión en su interior, etc. Además, ha dejado claro que pese a la existencia de una norma que regule la medida de emisión (UNE-EN 13.725), queda pendiente la regulación de medida en inmisión, y ha comentado que la esperada norma estatal no puede extrapolar normas ya existentes en otros países, ya que nuestras condiciones de precipitación, vientos, etc. son muy diferentes. Incluso a nivel nacional debemos tener en cuenta esas diferencias.

Macarena Serraga Fernández, coordinadora estatal de Ciencias Ambientales, ha presentado la problemática político-social de las instalaciones de tratamiento de residuos sólidos urbanos en materia de olores, y para ello utilizó el caso del PIRT de El Campello, una planta integral con vertedero, al cual solo llegan los rechazos de la instalación. A la hora de estudiar la problemática en torno a estas instalaciones uno de los condicionantes básicos es la sensibilidad ciudadana. En este caso éste condicionante llegó a tal extremo que, tras la apertura de la planta comenzaron las primeras quejas por lo que se organizó una comisión de seguimiento, que indicó las medidas de control y seguimiento ambiental, tanto en operación como en sus infraestructuras. Éstas fueron aplicadas con éxito pero las movilizaciones continuaron. Se llegó incluso a modificar la AAI en 2011, repitiendo los estudios de control, siendo estos correctos de nuevo. No obstante las movilizaciones continúan y esto puede deberse en parte a la no existencia de una regulación concreta.

Gema Cristina Hernaiz Soto, Secretaria técnica del Colegio Oficial de Químicos de Madrid, ha reflejado “la necesidad de que exista una ley específica para evitar la contaminación odorífera”, resaltando que aunque ésta no exista, no significa que no podamos pedir responsabilidades. Además ha expuesto que esta regulación  beneficiará a las administraciones, las empresas y, más aún, al conjunto de los ciudadanos, ya que está en juego su salud, el medio ambiente y la economía. En teoría España debería haber regulado esta normativa en 2008. Desde las Comunidades Autónomas se está trabajando en este sentido, con el ejemplo anteriormente comentado de Cataluña, que ya ha desarrollado un Anteproyecto de Ley.

Finalmente Antonio Iglesias, Presidente de la Sección Técnica de Medio Ambiente de la Asociación de Técnicos de Madrid, ha presentado también las distintas técnicas, bastante avanzadas, para la determinación de olores: desde técnicas físico-químicas básicas y otras técnicas, como la cromatografía de gases o la aplicación de nanotubos, hasta técnicas sensoriales como la olfatometría. Además y como conclusión del Grupo de Trabajo, ha expuesto “la problemática social que implica la carencia de una legislación específica sobre contaminación odorífera”, indicando que existen numerosas quejas que no son tratadas adecuadamente por la falta de una Ley específica que regule la emisión y la inmisión de olores.

Esther Velasco Senovilla @sther_vs

Tomás Egido Herraez

ST-24, Calidad ambiental y salud, y 26/11/2014

A lo largo de la jornada expusieron con gran claridad como los hábitos de vida y la calidad del entorno incide negativamente en la salud humana.

La salud pública, es uno de los temas que nos concierne a todos. Por ello se debe abordar desde todas las perspectivas, desde todos los enfoques y de forma continua, ya que al igual que el mundo cambia en un proceso continuo, los problemas de salud cambian con él. Las enfermedades que preocupaban en el pasado no son las enfermedades que preocupan en el presente.

Como muestran numerosos estudios, la salud humana depende principalmente de cuatro factores: factor genético, sistema sanitario, hábitos de vida y salubridad ambiental (calidad ambiental del entorno). Se considera que el primero no se puede controlar, por lo que se intenta incidir sobre los otros factores, mostrando un mayor peso el entorno en el que se desarrolla la vida, es decir, la calidad ambiental.

Dentro de este marco, se estima que para el 2050, un 70% de la población vivirá en las ciudades. Por ello, la gestión de las mismas se ha convertido en el desafío del S.XXI. José Mª Ordózez Iriarte, Presidente de la Sociedad Española de Sanidad Ambiental, hizo un viaje por el tiempo, en el que nos mostró el cambio del patrón epidemiológico, donde las enfermedades infecciosas que afectaban en el pasado, han sido sustituidas hoy en día por las enfermedades degenerativas. Introdujo el concepto de “DALY”, como medida de carga de enfermedad, destacando que los DALYS principales del mundo son las enfermedades diarreicas, las infecciosas y el paludismo. Sin descuidar otras muchas otras, no menos importantes, relacionadas directamente con la calidad de nuestro entorno, asociadas a la contaminación del aire (enfermedades respiratorias), a la contaminación del agua (enfermedades gastrointestinales), hábitos de vida inadecuados (obesidad…), o las enfermedades degenerativas como alzhéimer y cáncer.

 Como tema actual, ha presentado el escenario del Cambio Climático como una variable que interviene sobre la salud pública, en relación a las temperaturas extremas, los vectores de transmisión de enfermedades, la calidad del aire, el polen, las radiaciones UV, el agua, los alimentos…

Uno de los problemas principales de las ciudades, relacionado directamente con la salud, es la contaminación atmosférica, y sobre este bloque se ha centrado el mayor tiempo de la conferencia. El aire de las ciudades contiene una serie de componentes como óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, dióxido de carbono, ozono, amoniaco, partículas… que superados unos determinados umbrales, representan un riesgo para la salud de las personas. Por ello, desde la Comisión Europea se establecen los umbrales para los contaminantes atmosféricos (horarios, diarios y anuales) que no deben ser sobrepasados. En ésta línea, diversos representantes de Ayuntamientos de nuestro país (Madrid, Barcelona, País Vasco y Zaragoza) nos han mostrado los registros de estas sustancias del aire, recogidos en las distintas ciudades y los diferentes planes y estrategias llevados a cabo en cada una de ellas, para reducir lo posible estas inmisiones. De entre ellos, destacamos las ZBE (Zonas bajas de emisión) que son perímetros territoriales con medidas específicas que mejoren la calidad del aire, diversos planes de movilidad, en los que se incluye la disminución del uso del automóvil, fomento del transporte público o la bicicleta, fomentar el uso de vehículos menos contaminantes asignándoles ventajas como uso de carriles VAO o descuentos en parquímetros,  o en el caso del País Vasco, la creación de una app que informa directamente sobre el estado de la calidad del aire in situ.

Finalmente se unificó la idea de que en este proceso se debe involucrar a la ciudadanía. Se debe incentivar la acción social.

“Sabemos que modificar los hábitos de la población es un reto difícil, pero deberíamos utilizar la salud como clave de sensibilización social” PONENTES

“Un 20-25% de la carga de enfermedades es atribuible al ambiente” OMS

“En las ciudades estamos expuestos a sustancias, radiaciones, ruidos…que inciden directamente en la salud, donde deberíamos incluir éstas ya en nuestro metabolismo, lo que se ha denominado “Metabolismo urbano”…” JOSÉ Mª ORDONEZ IRIARTE

“Hemos estado obviando enfermedades como el ébola hasta que ha llegado a los países occidentales”. José Mª Ordoñez Iriarte (SESA)

Tamara Montero Pérez

Jorge Ortega Marcos

Leticia Vázquez Evanson